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En la primera semana de diciembre de 1979, la Junta de Valoración de Películas del ministerio de Cultura asiste a la proyección de la película El crimen de Cuenca . Es un puro trámite para obtener la licencia de exhibición y la clasificación por edades, pues la censura ha desaparecido hace dos años. Sin embargo, en este caso, los vocales de la junta quedan sobrecogidos al ver en la pantalla unas espeluznantes imágenes de tortura, las cuales, por si fuera poco, son obra de la Guardia Civil. Miembros de la Benemérita, en efecto, cuelgan a un detenido por los testículos, clavan astillas de madera en las uñas de otro, arrancan un bigote con unas tenazas o golpean con saña a los que están bajo su custodia. Estos malos tratos son reales. Los sufrieron en 1913 dos campesinos para confesar un asesinato que nunca cometieron. Pero el problema no es la dureza de las escenas. Eso se castiga dando a la película la clasificación “S”, la categoría propia del porno blando y del cine muy violento. El dilema es: ¿de qué trata El crimen de Cuenca? ¿De las torturas que la Guardia Civil cometió en 1913 o de las que perpetra en ese momento, 1979, contra terroristas y delincuentes? ¿La película forma parte de una conspiración de la izquierda para echar a la Benemérita del País Vasco y convertirla en un cuerpo civil?Estas preguntas hacen que, de forma insólita, el ministerio de Cultura paralice la concesión de la licencia y organice varios pases privados. Uno de ellos para un funcionario de la fiscalía. Otro para un enviado del teniente general Antonio Ibáñez Freire, Ministro del Interior. Y un tercero para un teniente coronel de la Guardia Civil, que hace de “ojeador” del teniente general Pedro Fontenla Fernández, Director General de la Benemérita en esos momentos. Estos dos últimos, que representan a los dos organismos de los que depende el Cuerpo (Interior y Defensa), dictaminan que la película no se puede estrenar. El Fiscal General del Reino les secunda, aunque no muy convencido de la legalidad de la decisión o de que la prohibición pueda prosperar. Ante sus dudas, tiempo después, la jurisdicción castrense de la Iª Región Militar de Madrid, al mando del capitán general Guillermo Quintana Lacaci, dicta el secuestro de todas las copias del filme y, más tarde, procesa a la directora de la película, Pilar Miró, por injurias a la Guardia Civil.
Estas decisiones suponen un golpe a la Transición en el sentido de que son un acto involucionista por el que un sector de los militares quiere dejar sin efecto la libertad de expresión y el derecho a la jurisdicción civil, además de imponer un silencio sobre la guerra sucia que el Estado practica contra el terrorismo. Adolfo Suárez, jefe del gobierno, en lugar de poner en su sitio a estos mandos y desmontar el golpe (de salón o en do menor, si se quiere), adopta una postura dubitativa. Teme que, si se estrena la película, estalle de verdad un golpe militar, ya que el clima en los cuarteles está muy encendido. Con ello solo logra que El crimen de Cuenca desgaste a su gobierno, pues la izquierda orquesta una hábil campaña de defensa de la película que le permite presentarse ante la opinión pública como el adalid de la libertad de expresión y de los derechos civiles, mientras la actitud de la UCD ante el caso sería el síntoma de que España vive en un régimen de democracia vigilada. Digo campaña orquestada porque, en realidad, el PSOE evita entrar en el fondo de la cuestión: ¿pero se tortura en la España de la Transición?
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